El juicio justo, en riesgo

Asociaciones profesionales y universidades se unen en una petición conjunta para evitar los cambios en los servicios de traducción e interpretación jurídicos y jurados.

La labor de los intérpretes y traductores jurados, que tantas veces pasa desapercibida, se convierte en vital en otras ocasiones. No hablamos de las grandes reuniones de negocios, los contratos millonarios y las cumbres internacionales, ni de empresarios importantes y jefes de estado, hablamos de la gente de a pie. Cuando una persona que no habla español se ve envuelto en un proceso judicial o policial en nuestro país, los traductores e intérpretes no solamente facilitan la comunicación, sino que garantizan el derecho a un juicio justo.

El derecho a un intérprete en estos casos está recogido en la legislación española actual, y todo ciudadano que lo necesite contará con su asistencia durante el proceso. Sin embargo, muchos otros aspectos, como la cualificación del intérprete en cuanto a conocimientos lingüísticos y jurídico-judiciales o su independencia y principios éticos, no están asegurados. Esto se debe principalmente al deficiente sistema de selección al que están sometidos los profesionales, ya que no hay una legislación específica que lo regule, más allá de algunos artículos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se remontan al s. XIX.

Según cuenta Juan Miguel Ortega, presidente de APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados) en el vídeo de la petición en change.org, cuando no haya disponible ningún intérprete titulado con la combinación de lenguas necesaria para un proceso penal, cualquier persona con conocimientos de dichas lenguas podrá hacerse cargo de la interpretación. «Esta excepción se ha convertido en la regla», añade.

Aparte del gran problema de la falta de cualificación de muchos de los intérpretes que se emplean en el sistema judicial español, existe el de la baja remuneración que reciben. En la línea de la economía de crisis preferida por los gobiernos actuales, en los tribunales se está contratando a grandes empresas de interpretación que ofrecen precios muy competitivos a costa de pagar tarifas irrisorias, hasta de 8€/hora, a sus profesionales cuya cualificación, además, no está demostrada.

Hoy se vota en el Congreso la Ley Orgánica que modificará la Ley de Enjuiciamento Criminal. Lejos de solucionar estos problemas y adaptar la legislación española a la Directiva Europea que regula el derecho a traducción e interpretación en los procesos penales (2010/64/UE), el Gobierno ha rechazado todas las enmiendas propuestas por la Red Vértice de asociaciones de profesionales lingüísticos y pretende aprobar la ley sin consenso.

Por primera vez, las asociaciones de la Red Vértice y las universidades se han unido en una iniciativa para pedir la retirada de este proyecto de ley y la aprobación de las enmiendas que transpongan la directiva de la UE. Para apoyar la petición, puedes firmar y obtener más información pulsando aquí.